12:46 h. Sábado, 22 de Julio de 2017

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La Fiscalía Anticorrupción pide otros 10 años de inhabilitación para Juan Andrés Gil

El origen reside en la contratación de los hijos de dos de sus concejales. El exalcalde cumple una condena de siete años de inhabilitación y está siendo investigado por un presunto fraude de Ley y desvío de fondos públicos

Tarifaaldia.es/Shus Terán  |  10 de Julio de 2017 (00:00 h.)
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Gil antes de entrar en el Juzgado que le condenó/Tarifaaldía
Gil antes de entrar en el Juzgado que le condenó/Tarifaaldía

 

 

La Fiscalía Anticorrupción solicitará 10 años de inhabilitación para el actual presidente del Partido Popular  y exalcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil García, quién tuvo que abandonar sus cargos institucionales como portavoz municipal de la oposición en el Ayuntamiento de la localidad y como vocal de la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, por una condena en firme de 7 años de inhabilitación por prevaricación.

Así lo informa el diario comarcal Europa Sur en una información firmada por la compañera Yolanda Olivares que asegura que la Fiscalía solicita esta nueva pena por un delito de prevaricación continuada por la contratación como personal laboral indefinido de los hijos de los ediles Emilio Piñero y José María González, para cubrir los puestos de auxiliar administrativo y de peón.

A pesar de que existían varios informes tanto del asesor laboral como del área de Intervención, que desaconsejaban la contratación de los hijos de los ediles, Gil García dictó sendos decretos de contratación y, obviando los informes en contra, mantuvo durante un tiempo indeterminado a los hijos de los ediles en los puestos de trabajos confeccionados a la medida. Ninguno de los dos trabaja ya en dependencias del Ayuntamiento de Tarifa tras rescindírseles sus contratos con la entrada del actual equipo de gobierno formado por PSOE, Ganar Tarifa-IU y Partido Andalucista en noviembre del año 2015.

Como informamos en su día en nuestro diario, el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Algeciras dictó la apertura de diligencias previas por esta nueva causa y ahora la Fiscalía entiende que la firma de los contratos se llevó a cabo al margen de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sin que existieran vacantes para los mismos, sin tener en cuenta los méritos, sin necesidad de cubrir los puestos y sin ningún objetivo concreto a cubrir. “Los dos contratados, que ya han participado en la fase de instrucción del caso, también lo harán en el juicio, que está pendiente de señalamiento”, según informa Europa Sur. La denuncia la interpuso el propio alcalde, Francisco Ruiz Giráldez siendo portavoz del grupo socialista entonces en la oposición.

Será esta la segunda vez que el exalcalde se siente en el banquillo de los acusados porque, Gil García ya fue condenado a siete años de inhabilitación por un probado delito de prevaricación en marzo de 2016 por la contratación de Cristóbal Iglesias, actual alcalde de Facinas. La sentencia fue redactada por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, que le inhabilitó por el período citado para cargo y empleo público. Esta primera condena que recibió Juan Andrés Gil, también tuvo como origen una denuncia del Partido Socialista, partió del entonces alcaldable socialista hoy segundo teniente de alcalde por el Partido Andalucista, Sebastián Galindo. Sus responsables pusieron en conocimiento de la justicia la contratación de Iglesias, miembro del PP, para trabajos de reforma en el castillo de Guzmán El Bueno sin que fuese convocado ningún proceso de selección ni contratación previo.

Y también está siendo investigado por un presunto fraude de Ley y desvio de fondos públicos

Cabe recordar que la Guardia Civil investigaba a requerimiento del Juzgado de guardia, una denuncia sobre un presunto desvío de fondos públicos durante la época de Gil García. Estos otros hechos que se investiga y por los que Gil García tienen que ver con la realización de unas obras y unas contrataciones bajo su mandato “que nunca llegaron a realizarse” y que el tripartito denunció en marzo del 2016. Esta denuncia se basa en los contratos a ocho trabajadores (dos oficiales y 6 peones) que a cargo del Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda se habían concretado semanas antes de las últimas elecciones. Una petición de adelanto de sueldo de uno de esos trabajadores reveló que los trabajadores deberían de haber finalizado sus contrataciones tres meses antes. Fue entonces cuando también se descubrió que las obras proyectadas tampoco se habían realizado.